
En España, las fuerzas del orden han desmantelado una amplia red delictiva que blanqueaba millones de euros utilizando a mujeres ucranianas que habían huido de la guerra. Como resultado de una operación internacional, se detuvo a 12 miembros de la banda y se identificó al menos a 55 víctimas.
La investigación duró unos dos años y contó con la participación de las fuerzas del orden de España, Ucrania y la agencia policial de la Unión Europea, Europol.
Durante la operación, las fuerzas del orden llevaron a cabo registros en España y Ucrania, y se incautaron de una gran cantidad de teléfonos, ordenadores, tarjetas SIM, dinero en efectivo y criptomonedas. Además, en 11 países de todo el mundo se identificaron y bloquearon 153 cuentas bancarias que podrían estar relacionadas con esta red delictiva.
Según la investigación, los delincuentes buscaban específicamente a mujeres ucranianas que se encontraban en situaciones vitales difíciles y procedían de regiones afectadas por la guerra. Las mujeres eran trasladadas a España y se les ayudaba a obtener el estatuto de protección temporal. Posteriormente, se abrían a su nombre cuentas bancarias, cuentas en plataformas de criptoactivos y monederos electrónicos para Bitcoin, Ethereum o Tether. Esto permitía a los delincuentes crear una red de cuentas no vinculadas directamente con los organizadores, para que posteriormente estas cuentas se utilizaran en operaciones financieras destinadas al blanqueo de fondos obtenidos de forma ilícita.
Los investigadores subrayan que la organización criminal explotaba de hecho a las refugiadas, utilizando sus documentos y cuentas bancarias como instrumento para legalizar millones de euros de ingresos de origen delictivo, y que el esquema no era complejo y funcionaba a través de plataformas de juego online. El esquema funcionaba únicamente porque, debido al gran número de cuentas, resultaba difícil rastrear el movimiento de fondos.
Los delincuentes solicitaban tarjetas de crédito y las vinculaban a cuentas de juego, tras lo cual realizaban apuestas automatizadas mediante un software especial. De este modo, el dinero obtenido de forma ilícita se «movía» a través del sistema de apuestas y regresaba ya como supuestos beneficios legales.
Según señalan los expertos cibernéticos y los criminólogos que llevaron a cabo la reconstrucción de este delito: en este tipo de esquemas, las criptomonedas (en la mayoría de los casos, Bitcoin, Ethereum o las stablecoins Tether) podían utilizarse como instrumento para «blanquear dinero y (o) ocultar su procedencia». Por lo tanto, para no levantar sospechas de los bancos, las cantidades se fraccionaban en partes más pequeñas o los fondos se transferían rápidamente a criptomonedas a través de exchanges y de intercambios P2P. Además de todo lo mencionado, las personas involucradas en la trama podían retirar efectivo, verificar cuentas (KYC) y realizar transferencias según las instrucciones.
A pesar de que las diferentes jurisdicciones complicaban considerablemente la coordinación del trabajo policial, se detectaron y documentaron todos los flujos financieros sospechosos, los patrones de transacciones idénticos y los vínculos entre las cuentas. Al igual que el hecho de que se obligaba a las víctimas no solo a abrir cuentas bancarias, sino también a transferir las ayudas públicas que recibían como refugiadas.